Querido lector:

Cuatro comunidades autónomas y seis provincias atraviesa el río Tajo, el más largo de España. Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, son regadas por un río que en su tramo final discurre por tierras portuguesas. De ese río se derivó hace décadas un canal, mediante un trasvase, que lleva desde entonces sus aguas al río Segura. Y desde entonces ese trasvase ha servido para potenciar la riqueza de la región de Murcia y parte de Alicante sin mermar un ápice la de las autonomías antes mencionadas. Y sin embargo ese canal, los caudales trasvasados y la llamada reserva hídrica del mismo han sido la causa última de que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha haya sido rechazado por las Cortes castellanas.

Debo decir que no me extraña y que no me desagrada este final. No me extraña porque los partidos políticos en España están haciendo de las cuencas hidrográficas motivo de desacuerdo permanente olvidando lo que la Constitución dice al respecto. Y no me desagrada porque quisiera esperar de este desaguisado una vuelta a la cordura, a eso que un gran intelectual amigo mío llama "la conspiración de los sensatos".

Desde hace unos años se están creando divisiones entre españoles que afectan a los más diversas cuestiones, ideológicas, religiosas o políticas,  y que los hombres y mujeres de la Transición creíamos haber olvidado para siempre. Y, hete aquí, que de pronto con los nuevos Estatutos (Cataluña, Andalucía, Valencia, etc. ), que van más allá, mucho más allá, de lo que el Título VIII de nuestra Constitución preveía, se está generado otro gran factor de división: la España árida frente a la España fecunda en agua. Hasta el punto de que la palabra "trasvase" es hoy un "palabro" vetado, fuera de lo políticamente correcto, sólo cabe hablar -y con reservas- de interconexión de cuencas. Y cuando veo estas cosas evoco con añoranza el Plan Hidrológico nacional pactado hace años o el programa Borrell ampliamente elogiado entonces y recordado ahora.

Porque el artículo 149. 22 de nuestra Constitución proclama que serán competencia exclusiva del Estado «los recursos hidráulicos...cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma». Y no hay que olvidar varias cosas: a) que ese "Estado" se refiere a la Administración pública central como nos ha sido recordado por todos los "padres" de la Constitución en sus diversos libros al respecto; b) que casi todo este epígrafe 1º de dicho artículo es heredero del artículo 41 de la Constitución de 1931 y, de alguna manera, del artículo 73 de la Ley Fundamental de Bonn. Pretender ahora que el Ebro es sólo de Cataluña, o el Guadalquivir solo de Andalucía o el Tajo solo de Castilla-La Mancha no deja de ser un esperpento, un espejo deforme del callejón del Gato digno de Valle-Inclán.

El trasvase Tajo-Segura es, sin duda, una magna obra de la ingeniería hidráulica española, es además una colosal fuente de riqueza de Levante y Murcia y la decisión sobre el agua que se trasvasa o no, no puede estar en manos de parte, sino en manos del Estado, del Gobierno central. Y ese trasvase no es para campos de golf como malintencionadamente se repite. Cuando en la UE las producciones vegetales son poco más del 12% de la Producción Final Agraria (PFA), en España son  el 66% y en Murcia son casi el  75%. Y si los sectores de frutas y hortalizas son en la UE nada representativos, en España son tercio de la PFA, pero en Murcia, el doble,  un 66%. (Y, por cierto, la ganadería porcina, es aquí el 67% de la Producción Final Ganadera mientras que en el conjunto de España es el 50%). Eso hace de Murcia altamente dependiente de sólo tres subsectores pues hortícolas, frutas y porcino suman el nada despreciable 83% de toda su PFA (2008), y altamente exportadora. Y tal "milagro" es fruto de ese trasvase tan discutido ahora y sobre cuyo final se ha hablado y escrito una y otra vez en este debate del Estatuto ahora fallido. Ni ese trasvase debe tener final, no tiene sentido mandar al olvido tal obra, ni su regulación y control puede estar en manos de una sola de las partes afectadas. Y no olvidemos que Portugal también juega este juego.

Este es hoy un tema, digámoslo claro, que afecta a las cuatro CC.AA. mencionadas más la de Valencia y Murcia. Bien haría el Gobierno en este y en otros casos parecidos volver a las esencias de nuestra Constitución -que ahora se quiere poner en cuestión en tantos puntos- y buscar una forma inteligente, ecuánime, rigurosa y constitucional para que tales luchas fratricidas por el agua no se planteen. Recordemos los textos de Jovellanos o de Costa. O si queremos retroceder bastante más en el tiempo aquello de «el agua corriente, por derecho natural, es común a todos» (Digesto-I).

Un cordial saludo