La Unión Europea es uno de los grandes agentes mundiales del mercado de las frutas y hortalizas, con una producción que alcanza los 100 Mt y  que aporta el 31,21% a la Producción Agraria Europea.

Nuestra región, líder en Europa, produce casi 7 Mt de frutas y hortalizas, donde las hortalizas representan el 76% y de ellas, más de la mitad son cultivadas bajo plástico. Los cítricos suponen el 18% y los frutales no cítricos el 6%.

En 2011 la participación de este sector en el valor de la producción final agraria andaluza ascendió a 4.161 millones de euros, lo que representa el 42% del valor total de nuestra producción agraria.

Pues bien, todas estas producciones de las que Andalucía es líder tienen como principal destino la UE (96 % de las exportaciones de fyh) suministrando productos fundamentalmente al centro y norte de Europa cuando allí no hay producción.

Nuestros productores y nuestra industria agroalimentaria cuentan con una enorme capacidad para generar y desarrollar nuevos productos innovadores, con alta tecnología, y diversificando hacia el agro-turismo en espacios protegidos, en definitiva un entramado socioeconómico sostenible que aprovecha todas las oportunidades que se le ofrecen en el medio rural andaluz.

Sin embargo, crisis alimentarias, como la del pepino o la del E-coli, ponen de manifiesto la debilidad no sólo del sector primario andaluz sino del sector primario europeo, cuyo mercado está condicionado por la información que tengan los agentes de la cadena alimentaria: consumidor, distribuidor en origen, distribuidor en destino, etc...

En el caso de esta crisis alimentaria, para Andalucía y para toda la Unión Europea, ha quedado sobradamente demostrado que una inadecuada gestión de una alerta, puede generar un caos económico, alimentario y sobre todo de salud pública, sin valorar lo que eso conlleva tanto para la sociedad europea en su conjunto como para el sector que está detrás del producto: empresas agroalimentarias, transportistas, agricultores, familias.

Toda una reputación conseguida con años de esfuerzo y responsabilidad puede perderse en un instante. Por ello, considero de enorme trascendencia este debate, porque lo que nos ocurrió a los productos hortofrutícolas andaluces puede sucederle a cualquier región o país y a cualquier producto en la Unión Europea.

Creo que es importante que hoy todos podamos hacer una crítica constructiva. Creo que es necesario analizar qué se hizo mal para proponer y adoptar mejoras del sistema que permitan un correcto uso de la información, garantizando la seguridad del consumidor.

Es necesario trabajar más aún en cómo usar la información, en dar seguridad y transmitir confianza al consumidor, ¿quién tiene que comunicar esta seguridad a los consumidores?

Es una labor de todos, las administraciones, los medios de comunicación, las empresas que pudieran detectar algún elemento nocivo. Es fundamental que todos tengamos conciencia social y de mercado. Todos de uno u otro modo somos parte esencial de la cadena alimentaria y participamos en ella.

No se ha gestionado bien esta crisis alimentaria, y debemos aprender de ello y de los errores cometidos, especialmente por las administraciones públicas. En los últimos años se han producido varias alertas de residuos de productos fitosanitarios en la UE, algunas motivadas por malas prácticas y otras que mas que una crisis alimentaria parecían esconder estrategias comerciales.

Muchas veces Andalucía se ha visto amenazada por algunas de estas situaciones de las que hemos salido fortalecidos, reforzando aun más los valores en los que venimos trabajando desde hace años y que caracterizan y diferencian nuestro sistema productivo (las tres "M"): máxima calidad, máxima seguridad y control para los consumidores y máxima protección y respeto al medio ambiente.

Quisiera exponer nuestra opinión sobre la gestión de una crisis alimentaria, haciendo una breve introducción.

La seguridad alimentaria es una de las máximas prioridades de la UE. Así se trasladó cuando en el año 2000 la Comisión Europea adoptó el Libro Blanco sobre seguridad Alimentaria, con su programa de acción legislativa para:

- modernizar la legislación con normas coherentes y transparentes,

- reforzar los controles a lo largo de toda la cadena alimentaria,

- e incrementar la capacidad de asesoramiento que ayude a garantizar un elevado nivel de salud y protección al consumidor.

En definitiva, la Comisión pretendía coordinar e integrar un sistema de seguridad alimentaria que garantizara el máximo nivel posible de protección de la salud. En ese momento empezamos a hablar un mismo lenguaje. Se propuso que esta seguridad abarcase a toda la cadena agroalimentaria, y empezamos a usar la expresión "desde la granja a la mesa" (lo que mas adelante sería la trazabilidad) en todo el sector agroalimentario.

En 2002 se creó la EFSA ( Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y en España la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) adscrita al Ministerio de Sanidad. La AESAN surge con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, reduciendo los riesgos de las enfermedades transmitidas por los alimentos; asegurando la eficacia de los sistemas de control, además de realizar otras funciones tales como coordinar el funcionamiento del sistema de alerta alimentaria a nivel nacional mediante un sistema SCIRI (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información) para garantizar la gestión rápida y eficaz de alertas alimentarias entre las CCAA.

Hoy día la UE cuenta con una de las normativas de seguridad alimentaria más estrictas del mundo, que se diseñó para poder reaccionar con rapidez ante cualquier incidente alimentario o riesgo para la salud que se registrara en la red de alerta (RASFF).

Este sistema debe estar dotado de mecanismos para anticiparse a los riesgos y evitar que se ponga en peligro la salud humana. Pero, además, debe contener mecanismos objetivos y obligatorios que garanticen el uso correcto de la información, para evitar alarmas sociales injustificadas y el daño a la cadena agroalimentaria europea.

Los miembros de la UE que participamos en la RASFF no solo tenemos la obligación de comunicar sino que previamente debemos evaluar los riesgos. Sin duda estamos ante una potente herramienta al servicio de la Comisión Europea, de los países de la UE e incluso para los no miembros, cuyo objetivo debe ser garantizar el alto nivel de seguridad alimentaria.

En este sentido, el procedimiento de notificación de alertas debería respetar un procedimiento establecido, debido a la trascendencia económica y social que genera cualquier crisis alimentaria (todos los europeos necesitamos alimentos diariamente).

En mi opinión, la Comisión debe enfocar sus mejoras hacia actuaciones más proactivas que reactivas y hacia una verificación adecuada del cumplimiento de los protocolos de activación de las alertas y de su seguimiento.

Tras la alerta detectada por las autoridades alemanas, en tan sólo 24 horas, el Gobierno de Andalucía localizó los lotes de producto supuestamente afectados gracias al buen funcionamiento del sistema de trazabilidad andaluz, un sistema que ha demostrado su gran fiabilidad y utilidad en casos de alertas sanitarias como ésta. Inmediatamente se realizaron los análisis pertinentes que demostraron que nuestros productos estaban libres de cualquier contaminación de la bacteria E. Coli enterohemorrágica.

Sin embargo, y pese a no existir pruebas contra los pepinos de Andalucía y pese a que las acusaciones se limitaban a este producto, se genero tal reacción de pánico que desencadenó que varios países cerraran sus fronteras a la comercialización de otras frutas y verduras andaluzas.

Por poner algunos ejemplos: el lunes 30 de mayo Francia ( 5 días después de que Alemania señalara a los pepinos españoles causantes de las muertes de personas), Reino Unido, Austria, Finlandia y Dinamarca prohibieron la entrada de "melocotón" a su mercado y Rusia vetó la entrada de toda la producción hortofrutícola española. Hubo más hechos que demostraron la ineficacia del sistema, y, por tanto, no se pudo controlar la alarma social generada.

Por tanto, en mi opinión el sistema de alertas no funcionó correctamente, por lo que la propia Comisión Europea tuvo que habilitar ayudas para los productores hortícolas afectados. En tan solo tres meses Andalucía tramitó más de 1.500 solicitudes de pago, obligó a realizar más de 2.000 controles sobre el terreno para finalmente pagar 33 M€ en compensaciones a los agricultores andaluces.

Tras el análisis de las distintas notificaciones realizadas durante 2011 con la E. Coli en pepino quedó de manifiesto la existencia de algunos puntos críticos, que deberían modificarse:

1.- Un país o una región no puede activar una alerta no probada, solo con el amparo del principio de cautela. Las declaraciones de la Sra. Cornelia Prüfer-Storcks fueron precipitadas, profundamente desacertadas y causaron una gran injusticia con Andalucía.

Este principio debe usarse de forma responsable y debe exigirse que así sea.

La Comisión Europea emitió un comunicado oficial donde reconocía que el origen de la bacteria podía encontrarse en cualquier punto de la cadena alimentaria y no descartó que el foco de la infección mortal se encontrara en Alemania pero el daño ya estaba hecho.

2.- Cuando se genera una posible alerta ésta puede proceder de varios puntos. Uno de los puntos más usuales son las propias empresas de distribución, presumiblemente en aplicación del principio de cautela. Pero es evidente que otros intereses no permitieron garantizar la imparcialidad, la calidad y la coherencia de los mismos, así como el cumplimiento de los procedimientos de ejecución y toma de muestras establecidos.

Debe impedirse, por tanto, que una alerta, que siempre provoca daños económicos al producto que la genera, sirva para beneficiar intereses privados. Las autoridades deben castigar y vigilar estas actuaciones.

Cualquier control, ya sea un control oficial o un control propio de calidad realizado por un operador comercial, deberá disponer de varias muestras de laboratorio. De este modo los propietarios de los lotes que sean objeto de notificaciones, podrán al menos defenderse procediendo a un contra-análisis y, en su caso, proceder también a realizar un tercer análisis que aportará el dictamen definitivo.

La trazabilidad es un sistema que como su propio nombre indica sirve para seguir el rastro en la cadena agroalimentaria, desde el productor hasta el consumidor. ¿Para qué queremos seguir el rastro? Sin duda es una herramienta muy útil y necesaria ya que en momentos de riesgo puedes situar el producto en cuestión y tomar decisiones en función de su localización, en almacén, en los lineales o en la mesa de los consumidores.

Estas decisiones llevan implícito un procedimiento de comunicación.

No sirve que cada país tenga un protocolo de comunicación distinto frente a crisis. Debe existir un único protocolo de obligado cumplimiento en Europa y hacer buen uso de él.

3.- Hay que garantizar la trazabilidad de las partidas sometidas a control oficial. Por tanto, en aquellos casos en los que se realicen notificaciones a la RASFF y no existan garantías sobre la trazabilidad de las partidas que las han originado, no se debe designar el origen de éstas hasta que no se tenga plena certeza del mismo. Muestra de ello es el daño causado a la agricultura andaluza ante la notificación de la alerta de E. coli en pepinos procedentes de Almería y Málaga, cuyo origen finalmente resultó ser otro.

4.- La reexpedición de producto y la distribución y la venta a granel contribuye en mayor medida a que se pierda el rastro del lugar de origen. Por lo tanto debe reforzarse sus sistemas de trazabilidad puesto que son puntos críticos de la cadena.

En aquellos casos en los que se constate, mediante pruebas analíticas o por algún otro medio, errores de cualquier naturaleza en las notificaciones a la RASFF, éstos se han de subsanar inmediatamente con el objeto de generar el menor impacto posible.

Velar por la trazabilidad implica hoy unas connotaciones muy importantes para la protección de la seguridad alimentaria de los consumidores. La transparencia es siempre la mejor garantía que se puede ofrecer al contribuyente y la trazabilidad es transparencia.

En ese afán de dar transparencia y calidad a los consumidores es fundamental que la Comisión recupere las normas de calidad comercial de frutas y hortalizas, que fueron suprimidas en julio de 2009 y que son reivindicadas por el sector, puesto que aportan valor añadido a la actividad agraria y contribuyen a la transparencia de los mercados.

El refuerzo que daría una normativa de calidad pública europea para productos frescos y transformados, frenaría la reciente proliferación de normas privadas que evidencian el incremento de poder dentro del mercado de la distribución en perjuicio de los productores.

La sanidad vegetal es una cuestión de enorme trascendencia para la producción. La lucha contra las plagas y enfermedades ha sido siempre un objetivo de primer orden para los productores. En este empeño, la producción integrada, la lucha biológica y la producción ecológica han sido desde hace tiempo las apuestas firmes de los agricultores y de la Administración andaluza como modelos de producción sostenibles y de futuro.

La indefensión a la que estuvieron sometidas las empresas andaluzas y españolas en general se agravó aún más cuando, tras tener la certeza de que las producciones andaluzas no eran responsables, no fue posible retirar la alerta del sistema de forma inmediata.

5.- El papel de la Comisión Europea como responsable de la RASFF no debe limitarse a la mera transmisión de la información, sino que debe, además, velar por que la información utilizada para generar notificaciones sea correcta, haciendo las verificaciones oportunas y ejerciendo como árbitro en caso de ser necesario. La Comisión debe tener un papel activo y tener la competencia de retirar las alertas de la RASFF y no esperar a que lo subsane el país que notifica la alerta. La intervención de la Comisión debe ser más rápida.

6. La Comisión Europea, como responsable de la red, debe garantizar que ningún Estado miembro emplee la RASFF para establecer trabas comerciales a producciones de otros miembros integrados en la misma.

Asimismo la Comisión debe garantizar que el alcance de los controles realizados a los productos procedentes de terceros países sea el mismo que el de los controles que se realizan a productos procedentes de la UE. En las memorias de la RASFF podemos observar que el 81% de las alertas proceden de países terceros.

Para finalizar me gustaría concluir haciendo un llamamiento a la responsabilidad social de las autoridades y de los operadores alimentarios: es imprescindible que se normalicen los procedimientos y los mecanismos en la gestión de las crisis alimentarias, haciendo de Europa un lugar más seguro para consumir pero también un lugar más seguro para producir.

La amplia trayectoria democrática de la Unión Europea se reduce cuando la presunción de inocencia es anulada unilateralmente por el miedo y la improvisación.