Faltan algunos meses para que Bruselas haga pública oficialmente su propuesta para la reforma de la PAC y más de un año para la aprobación de la misma. En consecuencia, no se puede decir que, en Mérida ni en Bruselas, se haya cerrado nada. Sin embargo, en base a los documentos presentados por la Presidencia española y, sobre todo, a los planteamientos que en este momento ya se están dejando ver entre los responsables comunitarios, sí es posible ya poner blanco sobre negro algunas de las líneas maestras de la futura PAC en base a dos escenarios. Primero, la existencia de una mayoría de países y de la propia Comisión, partidarios de seguir con la PAC más allá de 2013 y la posición minoritaria de quienes se hallan en contra. Segundo, la existencia también de dos bloques de países con intereses diferentes a la hora de la distribución de los fondos, nueve Estados que reciben hoy el 85% de los recursos y los nuevos socios que no llegan al 15%.

Hoy no hay duda de que van a seguir las ayudas directas como complemento a los precios de mercado y como instrumento para propiciar la supervivencia de las explotaciones frente a las producciones de terceros países que cada día tendrán más presencia en los mercados comunitarios. Bruselas apoya la innovación y la modernización de las explotaciones y ve indispensable mantener ese apoyo directo para asegurar la viabilidad del modelo productivo comunitario. Pero, de la misma forma que los trabajos desarrollados hasta la fecha auguran el mantenimiento de las ayuda, los silencios vienen a señalar también que queda todo por debatir y decidir sobre el ajuste que tendrán las ayudas más elevadas que se pagan en la actualidad por superficie o por cabeza de ganado.

De lo visto y oído hasta la fecha, parece claro que Bruselas no se ha movido ni lo hará en el futuro, en relación con los mecanismos de regulación hoy desmantelados o en situación de letargo y que como alternativa se aplicará la llamada red de seguridad para actuar de forma ágil, pero sólo en situaciones de crisis. Igualmente se impulsará el seguro agrario como vehículo para el apoyo a las rentas, puntos todos ellos contemplados en la propuesta española, pero no los únicos, cuando se hablaba de potenciar dichos mecanismos.

Finalmente, como tercer pilar, queda clara la posición comunitaria para el desarrollo de mecanismos de contratación en el sector agrario impulsando la capacidad de negociación de los agricultores y ganaderos desde diferentes estructuras, como las interprofesionales, para tener un mayor protagonismo en la cadena alimentaria.

Al grano, no estamos ante ninguna propuesta, pero tras lo de Mérida se han clarificado más las posiciones. Para España, nubes y claros, quizás más nubes. Pero ello no ensombrece el papel desarrollado por la Presidencia en defensa de la PAC, con una estrategia que ha sido positiva.